Así lo ha presentado el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso. El Pacto por unha Enerxía Eólica Sostenible para Galicia lo suscriben el PSdeG, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la organización profesional gallega Unións Agrarias, la entidad para la defensa de los propietarios de terrenos eólicos Ventonoso y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. El Pacto incluye una serie de propuestas y peticiones. Entre otras cosas, solicita a las administraciones competentes que prohíban las expropiaciones en los parques que no cuenten «al menos con contratos voluntarios del 50% de la superficie de implantación» y pide a los promotores eólicos que articulen «medidas compensatorias de contenido social para las comunidades» en las que vayan a implantarse los parques.
El PSdeG, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la organización profesional gallega Unións Agrarias, la entidad para la defensa de los propietarios de terrenos eólicos Ventonoso y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales presentaron ayer en Santiago de Compostela el Pacto por unha Enerxía Eólica Sostenible para Galicia, «o primeiro pacto polas enerxías renovables do Estado», según apuntó el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso. El Pacto, recogido en un documento de cinco páginas, apuesta por recuperar un potencial industrial «que tuvimos y que perdimos por culpa de la paralización de la implantación de energías renovables durante doce años, paralización que supuso la pérdida por parte de Galicia de un liderazgo industrial en el sector y de miles de empleos» (sobre el particular léase el editorial que incluimos precisamente este mes en nuestra última edición: Con h de historia).
Los firmantes del Pacto reconocen, en la exposición de motivos de su documento, que «existe hoy una legítima preocupación de la sociedad gallega, según se van conociendo las nuevas propuestas para la instalación de nuevos parques eólicos, que pretenden sumar a los más de 4.100 megavatios de potencia eólica ya instalada, otros 6.250 megavatios adicionales que ya cuentan con acceso a la red eléctrica (pendientes de autorización por la administración autonómica) y 2.100 megavatios en tramitación, toda vez que en febrero de 2022 las empresas eólicas renunciaron a 2.600 megavatios adicionales en tramitación, para recuperar avales, debido a la elevada litigiosidad que determinados entornos vienen provocando y que hace más rentable hacer inversiones en otras ubicaciones».
Los firmantes destacan así mismo la concurrencia en Galicia de dos hechos «que van a disparar las expectativas para la instalación de nuevos parques eólicos». Se trata de la paralización y el desmantelamiento inmediato de las centrales térmicas de carbón de Meirama y As Pontes, «que liberarán 2.025,5 megavatios de potencia en los nodos de conexión a Red Eléctrica susceptibles de cubrirse con energía eólica» y, por otro lado, las posibilidades de financiación que trae aparejadas el despegue del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de Energías Renovables.
Habida cuenta de esa realidad, y de la «legítima preocupación de la sociedad gallega», las entidades firmantes han decidido impulsar este Pacto, que se sostiene sobre una idea fuerza: «pensamos que es tan disparatado pretender el desarrollo indiscriminado de toda la potencia eólica que se ha solicitado en Galicia, como optar por una prohibición total de nuevos desarrollos de energía eólica».
Así, los firmantes solicitan garantías de que el despliegue de nueva potencia eólica produce un impacto ambiental y social «asumible», para lo cual va a ser «fundamental» -dicen- que los nuevos parques conlleven valores que vayan más allá de la mera generación y vertido a red. Las entidades impulsoras de este Pacto hablan así de la necesidad de que los nuevos desarrollos conlleven «la integración de la energía producida en el sistema productivo gallego, tanto en el sector primario como en el industrial, y la generación de empleo y de contenido local en todos los proyectos».
Por todo lo cual, las organizaciones que han suscrito el documento entienden que son precisas una serie de «reformas concretas que hagan que cualquier nueva autorización se base en una total transparencia, una plena integración social y una plena compatibilidad medioambiental», y, con ese ánimo, plantean a las administraciones con competencias en las autorizaciones de nuevas instalaciones eólicas las siguientes peticiones:
1. Que los parques se instalarán con el debido consenso en el vecindario, para lo cual
• No se conceder la declaración de Utilidad Pública a los proyectos eólicos, ni se autorizarán expropiaciones a los parques que no cuenten al menos con contratos voluntarios del 50% de la superficie de implantación.
• No se autorizará la implantación de nuevos parques eólicos en suelo agrario en producción.
• La recalificación urbanística de terrenos se limitará a lo estrictamente necesario desde un punto de vista técnico. En las expropiaciones se pagarán todos los conceptos afectados por la recalificación urbanística.
• Se fijarán las distancias de los aerogeneradores a las viviendas y núcleos de población en función de las caraterísticas y potencia de los mismos.
• En las autorizaciones administrativas de los nuevos parques se primarán por parte de las empresas promotoras las medidas compensatorias de contenido social para las comunidades afectadas por la instalación de los parques, como la provisión de fondos a los ayuntamientos destinados a políticas sociales, la participación en la producción energética para utilizar en proyectos de autoconsumo local, el despliegue de puntos de carga para vehículos eléctricos, ayudas para la gestión forestal en las zonas de implantación, o sinergias como la instalación de banda ancha de internet o el pago del coste de la factura eléctrica a los vecinos.
• Creación de un observatorio de energía eólica gallego que sustituya y complete el recién creado observatorio para la energía eólica marina. Que facilite información y transparencia a las propuestas, contratos y precios de las empresas eólicas a los afectados por los procedimientos de instalación de parques eólicos.
2. Que los parques respetarán la integración medioambiental
• Se exigirán evaluaciones de impactos medioambientales rigurosas, que tendrán en cuenta la sinergia de varios proyectos en una misma área, la existencia de ecosistemas frágiles, o la presencia de especies amenazadas o en peligro de extinción.
• Se primará la instalación de aerogeneradores con innovaciones tecnológicas que reduzcan su impacto ambiental y huella de carbono, como los fabricados con palas de materiales reciclables.
3. Que los parques tengan sinergias con la creación de empleo de valor añadido, para lo cual
• Se buscará la integración de la producción de energía eólica con las necesidades del sector primario (energía para frío, deshidratación, maquinaria industrial) y con las necesidades del consumo energético del sector industrial.
• Se primarán los proyectos en los que los parques vayan asociados a una aplicación directa de la energía eólica, más allá de su vertido directo a red, como su aprovechamiento en la generación de hidrógeno verde, o el aprovechamiento directo de la energía generada en transformaciones industriales asociadas.
• Se valorarán los proyectos empresariales asociados a las autorizaciones eólicas (instalación de centros de producción, ensamblaje o mantenimiento de componentes eólicos), que generen empleo adicional.
• Se valorarán los acuerdos PPA (power purchase agreement, contratos bilaterales de compraventa de electricidad a largo plazo) con empresas electrointensivas.
4. Que los parques tengan una fiscalidad adecuada, para lo cual
• Se revisará el canon eólico fijado por la Ley Eólica de Galicia, de forma que se pague por potencia instalada y no por el número de aerogeneradores.
• Serán de aplicación a los parques los tipos más altos previstos en la legislación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles.
Firman el Pacto por unha Enerxia Eólica Sostenible para Galicia, que ha sido presentado como «el primer pacto por las energías renovables del Estado», la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), la organización para la defensa de los propietarios de terrenos eólicos Ventonoso, la organización profesional gallega Unións Agrarias, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y el Partido Socialista de Galicia.